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El Colegio de Abogados de Pichincha al país

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Reproducimos la Carta Abierta que el Directorio del Colegio de Abogados de Pichincha hace pública al país, como parte del debate sobre los cambios que el Ecuador necesita

Directorio Colegio de Abogados de Pichincha

Como entidad gremial, nos enorgullece la diversidad de nuestros miembros, tanto en lo político, como en otros ámbitos, consideramos que en esto radica la riqueza de una institución que se precia de su pluralidad y tolerancia. Respetamos como los que más, las diferentes posiciones que nuestros agremiados puedan tener, respecto de la elección presidencial que se llevará a cabo el 2 de abril próximo y de ninguna manera es nuestra intención, definir por cuál de los dos candidatos finalistas, consideramos que nuestros colegas deben consignar su voto.

Sin embargo, no podemos quedarnos callados frente a una realidad lacerante, que afecta día a día a los derechos de la ciudadanía y de manera especial, de nuestros agremiados. Nos referimos al deplorable estado en que se encuentra nuestra administración de justicia, expresado en la total falta de independencia de los operadores judiciales para emitir sus fallos, un control administrativo disciplinario, que ha tergiversado la orientación jurídica que debe primar en los administradores de justicia, esto es el respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y Convenios Internacionales de protección de derechos humanos, convirtiéndolos en meros peones al servicio del poder gubernamental.

Un escenario como el descrito, no puede continuar de ninguna manera, sea quien fuere el candidato que resulte favorecido con el voto mayoritario de los ecuatorianos. El CAMBIO resulta necesario y urgente, frente a una administración de justicia, que de acuerdo a estándares internacionales en materia de independencia, ocupa el puesto 134 de 138 países conforme lo señalado por el Foro Económico Mundial. El rol que cumple la Corte Constitucional es prácticamente inexistente y se ha convertido en un órgano de legitimación de las decisiones de Gobierno, la Defensoría del Pueblo se encuentra en las antípodas de lo que debería ser su misión, pues lejos de defender los derechos humanos vulnerados, ha legitimado su vulneración, y la Fiscalía en lugar de efectuar una adecuada persecución de los delitos cometidos, ha garantizado la total impunidad de los autores de actos de corrupción, en los que el principal perjudicado es el propio Estado.

Exigimos por tanto un compromiso urgente por el CAMBIO a los candidatos presidenciales finalistas, lo cual implica entre otros puntos, el siguiente programa mínimo:

-Convocatoria a una Asamblea Constituyente de manera inmediata.

-Reforma Constitucional en la que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente que dentro del esquema unipartidista de los últimos diez años, ha servido solamente, para garantizar que los allegados al poder sean quienes ocupen los cargos más relevantes y de esta forma garantizar la ausencia de control y total impunidad de los múltiples actos de corrupción cometidos.

-Se exija la renuncia inmediata de los y las vocales, principales y suplentes del Consejo de la Judicatura.

-Se deje sin efecto el concurso convocado por el CPCCS para la elección de Fiscal General del Estado.

-Se exija a la Asamblea Nacional que reforme urgentemente la Ley Orgánica de la Función Judicial, el COIP y el COGEP, de manera que se garantice un adecuado ejercicio de la profesión y el respeto irrestricto de derechos y garantías de los intervinientes en los procesos.

En todos los casos, se proceda de manera urgente a la elección de nuevas autoridades para los cargos mencionados, en procesos públicos y transparentes.

Como Colegio de Abogados de Pichincha, estamos dispuestos a contribuir con nuestro conocimiento y experiencia en el ámbito jurídico, en la implementación de esta y otras propuestas, que permitan construir una agenda de reformas.

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