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Ley de Alianzas público-privadas beneficiará al gran capital

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Por iniciativa del Ejecutivo, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera (Ley APP), la misma que fue publicada el 18 de diciembre de 2015 en el Registro Oficial Suplemento No. 652.

Por: Vladimir Andocilla

Esta norma legal se fundamenta en 4 ejes: 1) dinamización de la economía a través de la inversión extranjera; 2) incentivo la liquidez y la competitividad de las empresas; 3) reducción de trámites; 4) creación de instrumentos de asociación público-privado. Su objetivo es “establecer incentivos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada y los lineamientos e institucionalidad para su aplicación”, en otras palabras, se trata de una encargo hecho por el Estado -que se viabilizará a través de contratos de gestión delegada- para la provisión de bienes, obras o servicios que están bajo su competencia, a un sujeto de derecho privado la ejecución de un proyecto público específico y su financiamiento, total o parcial, a cambio de una contraprestación por su inversión y trabajo.

Para entender mejor este mecanismo de gestión gubernamental que intenta desarrollar el correísmo debemos asumir a esta asociación como la conjunción de capitales públicos y privados para el desarrollo de un fin común. Los aportes que las partes realizan a la asociación pueden ser variados, sea vía de capitalización, emisión de valores, titularización y otros; es decir, un municipio puede entregar la administración de un mercado, por el tiempo que se recupere la inversión y genere utilidad;  se podrían crear cátedras o carreras financiadas plenamente por empresas trasnacionales en “Yachay”, si la empresa realiza inversiones que la empresa pública declare que se encuentra imposibilitada a realizar.

Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)* las principales modalidades de APP serían:

Contratos de prestación de servicios.-

Contrato de prestación de un servicio determinado. El Estado mantiene la propiedad y exige un nivel de servicio especificado.

Puede haber asignación de riesgos, lo cual depende del esquema contractual; por ejemplo:

• Contratos de mantenimiento de carreteras por niveles de servicio.

• Contratos para la facturación de servicios de agua potable.

• Contratos para recolección de impuestos locales.

Contratos de administración.-

Un bien público es operado y administrado por un agente privado bajo un esquema de riesgo compartido y de utilidades compartidas; por ejemplo:

• Contrato de administración de una empresa de agua potable.

• Contrato de administración de una cárcel.

 

Concesiones.-

El Estado concede el derecho al usufructo de un bien; por ejemplo:

• Concesiones de carreteras.

• Concesiones aeroportuarias.

 

BOT (Construir-Mantener-Operar-Transferir).-

La entidad privada se encarga de la construcción y el mejoramiento de un bien, y de su operación, y la propiedad o bien se mantiene con el Estado o vuelve a manos del Estado al final del proceso; por ejemplo:

• Construcción de una planta generadora de energía.

• Construcción de un hospital.

Cooperativas.-

Organizaciones comunitarias se asocian con instituciones públicas para apoyar un bien común; por ejemplo:

• El gobierno realiza un pago o una contribución a una organización local, basado en indicadores de desempeño.

Asociaciones a riesgo compartido.-

Los agentes públicos y privados se asocian a través de una compañía; por ejemplo:

• Un gobierno crea una compañía con un propósito específico; por mixta o de un vehículo similar, y comparten riesgos, costos y utilidades.

Mediante este mecanismo se intentan atraer inversión privada para que asuma varias de las competencias que el gobierno, central o seccional, debe impulsar, reduciendo la carga política que en tienen las privatizaciones y las concesiones, dando la imagen de que los bienes donde han invertido los privados siguen siendo de propiedad del Estado, por ello, varios autores las han calificado como: “expresiones mutantes del derecho de las privatizaciones”.

Las propuestas de APP en nuestro país no son nuevas, el marco legal se estableció anteriormente a través de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, que instauró al CONAM (Consejo Nacional de Modernización del Estado), como organismo administrativo encargado de dirigir, coordinar y supervisar los procedimientos establecidos en dicho cuerpo normativo. Mediante Decreto Ejecutivo 103, publicado en el Registro Oficial N° 26-S, del 22 de febrero de 2007, se estableció que todas las atribuciones del CONAM, serán ejercidas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).

La experiencia de las APP tampoco es extraña en Latinoamérica, surgieron bajo la lógica “que la primera generación de concesiones iniciada en la década de 1990 se encuentra en una etapa de maduración y terminación, muchos países se enfrentan a nuevas carteras de proyectos que requieren mayor apoyo estatal para garantizar su viabilidad financiera. Los niveles de

complejidad aumentan dado que la nueva cartera de inversiones incluye no solamente proyectos de infraestructura más complicados, sino también nuevos sectores en los que resulta más difícil introducir socios privados para la inversión y operación, como educación, salud y el caso de los establecimientos penitenciarios.”

En el caso del Ecuador, el proyecto neoliberal de privatizaciones y concesiones no fue aplicado plenamente por la resistencia de los trabajadores y pueblos, en la actualidad el gobierno de Correa desea aplicar esta modalidad como boya de salvación, pues, la crisis económica que estamos viviendo significará una reducción de la inversión estatal, desatendiendo varios sectores, lo que según la lógica del correismo podrían ser asumidas por la empresa privada, a cambio de ganancias para los empresarios, pues, el interés del privado consiste en obtener beneficios mediante un contrato de largo plazo; apostando de esta manera a las recomendaciones del BID, así como los gobierno neoliberales lo hicieron en su tiempo

La ley aprobada por la Asamblea Nacional el pasado diciembre, renueva el marco jurídico nacional, creando incentivos específicos para promover la inversión privada nacional y/o, los mismos que se resumen en:

  • Remisión de intereses, multas y recargos generados por obligaciones patronales en mora con el IESS.
  • Similar tratamiento tributario que la ley otorga a empresas públicas, es decir exoneración del impuesto a la renta, exoneraciones arancelarias o en general a tributos del comercio exterior, de impuesto a la salida de capitales y devolución del impuesto al valor agregado IVA. 
  • Estabilidad jurídica en beneficio del empresario, pues, los incentivos fiscales se mantendrán mientras dure el proyecto y el contrato de delegación se encuentre vigente.
  • Exoneración del impuesto a la renta sobre rendimientos y beneficios por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales, inversiones en valores de renta fija en Bolsa de Valores, entre otros.
  • Exoneración del impuesto a la renta por 10 años para las sociedades que se creen o estructuren en Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada
  • Exoneración del impuesto a la renta por 10 años sobre los dividendos o utilidades que las sociedades que se creen o estructuren en Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada, paguen a sus socios o beneficiarios, cualquiera sea su domicilio.
  • Exoneración de impuestos previstos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (impuesto predial, alcabala, plusvalía, utilidad), para los hechos, actos o contratos de las sociedades que se creen o estructuren en Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada.
  • Las sociedades que se creen o estructuren en Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada, serán agentes de retención de IVA como si fueran empresas públicas, tendrán derecho a crédito tributario.
  • Exoneración del impuesto a la renta sobre las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador, y las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones u otros derechos representativos de capital, u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares.
  • Serán deducibles, y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador ni se someten a retención en la fuente, los pagos al exterior sobre intereses originados en financiamiento externo.
  • Beneficios adicionales mediante las reformas que se hagan por parte del Ejecutivo y del Comité Interinstitucional, con-forme lo prevé la Ley.

En conclusión esta ley abre las puertas para el capital privado a cambio de beneficios que significarían a la postre perjuicios al Estado, pues dejaría de percibir ingresos fiscales, permitiendo de esta manera incrementar la ganancia de los privados, además de los beneficios que alcanzan con las regalías y tarifas que generan los bienes y servicios donde invertiría, por ejemplo: una empresa privada que invierte en carreteras, al mismo tiempo de la ganancia alcanzada por el valor del peaje tendrá exoneraciones tributarias lo que reduce los gastos.

 

* BID; Asociaciones público-privadas para la prestación de servicios Una visión hacia el futuro, noviembre 2011

Comentarios   

+1 #1 María Inés Tulcanaza 09-02-2016 19:53
El correa está más amarillo que FC,al final en cuerpo y alma entregado al capitalismo
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