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El pueblo colombiano conquistará la paz con el triunfo de la revolución y el socialismo

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La firma de este acuerdo no trae per se la paz en Colombia, pues, el Estado colombiano ha sido tomado por el narcotráfico que actúa junto a bandas criminales, a los grupos paramilitares que operan amparados por altos jefes militares y, además, porque existe una sistemática violencia estatal aplicada en contra del movimiento popular y social que lucha por sus derechos y reivindicaciones. 

Tomado del semanario En Marcha

El pasado 23 de junio, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, firmaron un “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y Dejación de Armas” que constituye el paso previo de la firma de un acuerdo de paz que se lo haría el próximo mes de julio. En Colombia y a nivel internacional se ha celebrado este suceso como un acontecimiento histórico que “devolverá la paz y la tranquilidad” a los colombianos, desconociendo que la aguda conflictividad político-social existente en ese país tiene origen en causas que no han sido superadas.

La acción de las fuerzas insurgentes colombianas viene desde hace poco más de medio siglo y las razones que motivaron la lucha armada aún están presentes: la explotación y opresión a la que se encuentran sometidos los trabajadores y pueblos por acción del sistema imperante, la dependencia extranjera que no ha permitido ni permite un desarrollo soberano del país, y, la necesidad de conquistar una sociedad que libere a los pueblos y al país de esas ataduras y les otorgue libertad, democracia y bienestar.

Las distintas organizaciones insurgentes de Colombia, como las FARC-EP, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Ejército de Liberación Nacional ELN han reivindicado y luchado por las aspiraciones del pueblo colombiano con la mira puesta en derrotar política y militarmente a la burguesía colombiana que cuenta con uno de los ejércitos regulares más grandes de América que, a su vez, recibe el asesoramiento y financiamiento del imperialismo estadounidense. Durante todos estos años de lucha armada, las fuerzas insurgentes han tenido victorias de distinto calibre, momentos de desarrollo y crecimiento de sus fuerzas, de incremento de la simpatía y apoyo popular a sus acciones; también han enfrentado episodios en los que han sido golpeadas, afectadas sus fuerzas e influencia. No obstante los esfuerzos de todos los gobiernos que en estos años se han turnado en el Palacio de Nariño y en la Casa Blanca, ninguna de las organizaciones guerrilleras mencionadas ha sido derrotada militarmente, pero tampoco han desarrollado la capacidad necesaria para conquistar el poder.

Aunque las causas estructurales que motivaron y justifican la lucha de las organizaciones guerrilleras se mantienen, no podemos dejar de tomar en consideración que el escenario político colombiano ha cambiado notablemente. Durante 50 años la sociedad colombiana ha sido testigo de la lucha guerrillera revolucionaria, pero también de la respuesta militar del ejército burgués desde un inicio y, más adelante, de grupos paramilitares organizados y financiados por los sectores guerreristas más reaccionarios de la burguesía de ese país, que han actuado también en contra de población civil no inmiscuida en el conflicto armado. De esta manera, la clase dominante colombiana y el imperialismo fueron capaces de crear un escenario de violencia permanente y sistemática, en el que a la mayoría de la población le resulta muy difícil discriminar entre violencia revolucionaria obligada de ser utilizada para liberar al pueblo, de la violencia reaccionaria para mantener el dominio del sistema. Para el pueblo colombiano el país está siendo consumido por la violencia y eso ha agotado a la sociedad que levanta masivamente las banderas de la paz, aunque existen muchos temas y aspectos en los que la división y polarización social son evidentes.

Esa circunstancia implica que el escenario o las condiciones políticas para la acción de las fuerzas insurgentes son adversas. La lucha armada como vía para conquistar el poder no ha fracasado; las circunstancias político-sociales obligan priorizar otras formas de lucha de las masas que permitan una mayor y más rápida acumulación de fuerzas para tomar el poder. La lucha armada, como toda forma de lucha, no puede ser aplicada de manera voluntarista, mecánica, es decir, determinada su uso por el solo deseo de los actores políticos sin tomar en consideración las condiciones político-sociales existentes en una sociedad determinada: correlación de fuerzas, grado de conciencia política de las masas, niveles y formas organizativas del movimiento popular, limitaciones extremas para la utilización de otras formas de lucha de las masas, etc. En la lucha política, y en la lucha armada en tato expresión de la lucha política por otros medios, hay ocasiones que es necesario hacer concesiones, retiradas estratégicas y no por eso pueden ser calificadas como traición a la lucha.

La decisión adoptada por los representantes de las FARC-EP de suscribir el “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y Dejación de Armas” toma en consideración ese deseo de paz de los colombianos, pero: deja de lado que existen graves problemas económicos, políticos y sociales sobre los cuales el Gobierno no hace nada por resolverlos y, por el contrario, su gestión los agudiza; otorga muchas concesiones para lograr su reinserción, incluyendo la aceptación de que algunos de sus integrantes sean juzgados como criminales de guerra; ha permitido que el Gobierno incumpla compromisos acordados durante las negociaciones, como la ejecución de una reforma agraria que ayude a resolver la grave situación en la que vive el campesinado colombiano. La “dejación de armas” en realidad constituye una entrega de las mismas, pues, la Organización de la Naciones Unidas las recibirá para construir con ellas tres monumentos: en Cuba, en la ONU y en Colombia. Confiar que el Estado burgués aplique las reformas sociales y políticas que constan en los acuerdos arribados durante las conversaciones y que respete la vida y la seguridad de los combatientes es una peligrosa ilusión.

Es justa la búsqueda de las FARC-EP de dar una salida política al conflicto existente en ese país, pero sin abandonar las propuestas y programa que motivaron su surgimiento, sino buscando mecanismos que permitan continuar esa lucha en mejores condiciones. Una negociación con ese tipo de concesiones aceptadas por quienes suscribieron el acuerdo implica una derrota política para esa fuerza insurgente y no una victoria, y puede alimentar el discurso promovido por el imperialismo y la burguesía internacional que 50 años de lucha no han servido para nada, que ha sido una lucha en vano.

La firma de este acuerdo no trae per se la paz en Colombia, pues, el Estado colombiano ha sido tomado por el narcotráfico que actúa junto a bandas criminales, a los grupos paramilitares que operan amparados por altos jefes militares y, además, porque existe una sistemática violencia estatal aplicada en contra del movimiento popular y social que lucha por sus derechos y reivindicaciones. El movimiento social no baja sus banderas de lucha; no permitirá que se establezca una paz de cementerios, su voz se mantendrá firme y sonora. Junto a ellos mantienen su lucha organizaciones guerrilleras como el Ejército Popular de Liberación, brazo armado del Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista) al que expresamos nuestra solidaridad por la valerosa lucha que mantienen.

La lucha armada revolucionaria tiene vigencia en Colombia y en todo el mundo en donde el capitalismo no ha sido derrotado. Ésta, con la participación del pueblo y en condiciones históricas concretas, llevará a la conquista del poder a los trabajadores y el pueblo para la construcción del socialismo y el comunismo.

 

Fuente: http://www.pcmle.org/EM/spip.php?article7414

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