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Pronunciamiento de la Plataforma por la Salud y la Vida:

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Luego de diez años de gobierno de Alianza PAIS constatamos que no ha existido ni el interés ni la voluntad política por solventar los problemas arriba descritos. Hemos visto que se imponen políticas regresivas en muchos de los ámbitos relacionados con la salud.

PLATAFORMA POR LA SALUD Y LA VIDA

La Plataforma por la Salud y la Vida (PSV) nace  a mediados del 2015,  conformada  por más de treinta organizaciones, gremios, asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil que trabajan por el derecho a la salud de la población ecuatoriana.

No obstante desde 2013 y en adelante, las organizaciones que la conformamos hemos AGOTADO todos los recursos de participación institucional y de diálogo con el gobierno actual.  Incluso, varias de nuestras organizaciones fueron miembros del Consejo Ciudadano Sectorial de Salud y otras tantas han participado de buena fe en mesas de diálogo con la Ministra Carina Vance, con Margarita Guevara y  con Verónica Espinosa. Sin embargo la mayoría de los diálogos han resultado nulos.

 Hemos realizado propuestas para inclusión en el Código de Salud, análisis y reuniones respecto de la no derogación en el Código Monetario de la Unidad Ejecutora de la Ley de Maternidad Gratuita, un Congreso por la Salud y la Vida autofinanciado desde las organizaciones y con la colaboración  de sectores académicos críticos, con la participación de más de 70 organizaciones en salud, y varias jornadas de análisis de la problemática de salud en Ecuador.

 Esto evidencia que quienes conformamos la PSV no hemos descansado en nuestras demandas por el derecho a la salud y que hemos sido propositivas/os con visibilización de retrocesos, investigaciones y con propuestas de Ley (mesa de trabajo con el CONASA).

 Sin embargo, ante el análisis del proyecto de Código Orgánico de Salud que ACTUALMENTE se debate en la Asamblea Nacional observamos serias alertas:

No asegura el financiamiento de la salud de parte del estado (4% del PIB) ni resuelve el enorme gasto de bolsillo de la población (40%). Elimina de manera velada el derecho a la gratuidad.

Es una propuesta de un código básicamente sancionador, controlador y represivo. No resuelve la falta de seguridad jurídica de la práctica sanitaria y deja abierta la posibilidad de juicios civiles, administrativos y penales contra el personal de salud, con fuertes sanciones (suspensión de la licencia profesional) y montos pecuniarios ilimitados en las demandas.

Se incorpora en dos secciones de la propuesta de Código de Salud, el artículo de la Constitución que dice que se protege la vida desde la concepción, con la intencionalidad de obstaculizar el aborto terapéutico o de preparar el terreno para derogarlo, lo cual vulneraría el derecho de las mujeres al derecho a la vida y a la decisión soberana sobre sus cuerpos y colocando a la criminalización del aborto como un serio problema de salud pública en Ecuador para mujeres, niñas, adolescentes y para quienes proveen esa atención.

No garantiza la estabilidad laboral, no sanciona el trabajo precario y la sobre explotación laboral. Se presentan una serie de disposiciones que afectan los derechos humanos y laborales de los profesionales y en general de los trabajadores de la salud.

Se atenta contra la autonomía del Instituto de Seguridad Social imponiendo en su directorio a un representante del Ministerio de Salud Pública y no se da cabida al fortalecimiento del Seguro Social Campesino, uno de los modelos exitosos de Atención Primaria en Salud.

 No define con claridad las competencias de otras instituciones públicas directamente vinculadas con la salud.

Se refuerza la visión curativa de la salud, en desmedro de la promoción y la prevención y de la autonomía necesaria para una verdadera salud intercultural.

No garantiza el acceso universal, la equidad, la integralidad ni la calidad de los servicios de salud, promueve únicamente indicadores de productividad y eficiencia.

No define una política de provisión efectiva de medicamentos genéricos, de bajo costo y de producción pública ni estipula una política de calidad y comercialización de medicamentos.

No visibiliza la salud desde su determinación social y los impactos del modelo extractivista.

Mantiene la tendencia privatizadora de los servicios de salud al institucionalizar las transferencias de los fondos públicos a empresas privadas de la salud.

Limita la participación comunitaria y social de la población y de los y las trabajadoras de la salud en la creación y gestión de las políticas públicas y en la veeduría de los servicios de salud.

Luego de diez años de gobierno de Alianza PAIS constatamos que no ha existido ni el interés ni la voluntad política por solventar los problemas arriba descritos. Hemos visto que se imponen políticas regresivas en muchos de los ámbitos relacionados con la salud.

 Se confirma que en un eventual gobierno que dé continuidad al actual régimen no solo no se lograrán las demandas de la sociedad civil sino que se corre el riesgo de que se profundicen estas políticas que afectan a dichos derechos. En tal virtud, la Plataforma por la Salud y la Vida considera que no se puede apoyar al binomio Moreno/Glas.

 Frente a las ofertas del candidato de la oposición, Guillermo Lasso, exigimos que de llegar a la Presidencia de la República, ponga en práctica algunas de sus propuestas, fundamentalmente aquellas que garantizan un ejercicio pleno de los derechos, como:

* Devolución del 40% del aporte del Estado a las pensiones jubilares.

* Pago de la deuda del Estado en salud al IESS.

* Aprobación del 4% del PIB para salud en el Presupuesto General del Estado.

* Indulto para los presos/as políticos y cese de la persecución a los/as dirigentes sociales.

* Derogación inmediata del Decreto 16.

* Derogación inmediata del Decreto 813.

 Las organizaciones que conformamos la PSV estaremos vigilantes del cumplimiento de estos compromisos, y sabremos exigirlos desde la movilización social, las demandas legales y la más amplia participación política.

MARZO 2017

 

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