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La tortura como política de Estado

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“Los quince días de prisión, y luego esa expulsión, me marcaron la vida, porque no soy delincuente ni asesino y porque alcé mi voz me castigaron dos veces”, comenta Jef.

por Amparo Sigcha

El 17 de septiembre del 2014 la policía detuvo a más de 100 estudiantes del Colegio Mejía, muchos menores de edad, pero también había otros que recién cumplieron sus 18 años, que fueron golpeados brutalmente como parte de un operativo para reprimir protestas por la pretendida desaparición del colegio nocturno, una acción similar a las que se hacían en regímenes dictatoriales.

Uno de esos casos es el de Juan (nombre ficticio), estudiante de 17 años, de 4to curso, que aquel día, como de costumbre luego de la jornada de estudio, cerca de las 19H00 salió del colegio hasta la calle Antonio Ante y Luis Vargas (esquina del colegio), donde acostumbraba a tomar cualquiera de las tres líneas de bus para dirigirse a su casa, en la parroquia Santa Prisca.

Juan estaba distraído y no vio a los policías, y en cuestión de un minuto miró que por todas las esquinas salían uniformados en motocicletas y otros en cuadrillas corriendo para coger a los estudiantes que más podían; Juan trató de regresar al colegio pero recibió una patada y cayó de bruces al piso, al intentar levantarse sintió otro golpe en la espalda; y vio que estaba rodeado de  policías -la rapidez de los hechos le impidió contar cuántos eran-, solo pudo observar que eran más de cinco o seis pares de botas que lo golpeaban, y con las llantas de una motocicleta le pisaban el brazo y la pierna izquierda.

Se sintió como una marioneta tirada en el piso, a la que los uniformados alzaron y, mientras trataba de resistirse al apresamiento, les decía que él no estaba en la manifestación, y que solo estaba tratando de coger un bus y eso no es delito; pero sus palabras no fueron tomadas en cuenta, lo subieron en la moto y le colocaron esposas en las manos con las palmas frente a frente; el dolor era impresionante, sentía que le arrancaban sus manos. Ya en el camino lo golpeaban con  los cascos desde atrás y por adelante. Fue tanto el maltrato físico que Juan se desvanecía, su cuerpo y su conciencia se apagaban y perdió el conocimiento.

Juan abrió los ojos, no sabía qué tiempo había pasado, y por una ventana vio parte de la estructura de la iglesia de la Basílica, así se dio cuenta que se encontraba en la Unidad Policial Comunitaria, UPC, de ese lugar,  enseguida sintió un puntapié en la cabeza, cerca del oído; Juan no supo en ese momento que este golpe le lesionó dos muelas, que tuvieron que ser reconstruidas posteriormente. En ese instante también uno de esos gendarmes se sacó el pasamontañas y pudo ver el rosto de quien le prendía la punta del esferográfico en la cabeza de manera continua, luego le rociaron con gas lacrimógeno en su cara, provocándole asfixia, lo que hiso que nuevamente pierda la conciencia. Juan despertó en la Unidad de Delitos Flagrantes, o Unidad de Flagrancia, al Norte de Quito.

En su casa, Alicia Barros, madre de Juan, trataba de hablar con él desde las siete de la noche, y así por casi tres horas, en el celular se registraron ese día más de 20 llamadas, la desesperación y la angustia se apoderaron de ella. Un presentimiento le decía que algo malo le pasó a su hijo.

Pasada la medianoche, una vez más Alicia intenta comunicarse con su hijo, pero una voz distinta contesta, y la angustia casi la enloquece, enseguida el interlocutor se identifica como policía y comunica que Juan está en la Unidad de Flagrancia y que se acerquen a verle al chico.

Cuando Juan se despertó nuevamente (en la Unidad de Flagrancia) pidió ayuda y atención médica pero no fue escuchado. A la 01:00 del 18 de septiembre del 2014, por presión de los padres, Juan fue trasladado hasta el Hospital Eugenio Espejo, donde los médicos inmediatamente, por las heridas del paciente, lo ingresaron y le realizaron todo tipo de estudios que revelaron un traumatismo cráneo encefálico y politraumatismos, resultados del maltrato recibido. Además fueron tratadas las heridas profundas en la cabeza, producto de los pinchazos del esferográfico. A las dos de la mañana, el padre de Juan firmó el registro de ingreso y de salida, que en ese momento realizaron los policías de la Unidad de Flagrancia.

El policía que entregó la boleta de libertad y el celular de Juan pudo ser reconocido como uno de los agresores, era el que se sacó el pasamontañas en la UPC de La Basílica.

En octubre (2014), por el amor, dice Alicia, madre de Juan, “pusimos (con el esposo) en la Fiscalía la denuncia  por los delitos de tortura y detención ilegal, cometidos por elementos de la Policía en contra de mi hijo, que entonces tenía de 17 años y era estudiante del Colegio Mejía”. Ahora piden justicia, que el caso no se quede como el de Edison Cocíos, el estudiante que está en estado vegetativo desde hace algunos años.

Juan permaneció preso, sin ninguna garantía de vida, se le restringió todo derecho, permaneció en dos unidades policiales sin ningún registro y fue golpeado brutalmente por ser estudiante del Colegio Mejía, a pesar de ser menor de edad y estar desarmado. Por suerte vivió para contarlo, caso contrario era otro desaparecido en manos de la Policía, igual que los hermanos Restrepo y tantos otros más.

El de Jef R, es otro de esos casos. Él cursaba el sexto curso; ese día salió de clases y vio todas las calles cerradas, se regresó al colegio y al tratar de salir de la edificación por la parte posterior, igual que cientos de estudiantes, no pudo, pues la Policía ingresó, por disposición del Rector, y los acorraló en el interior; estaban en terrazas, tras las mallas y por todos los ingresos,  con caballos, motos y perros. “Eran unos mil policías”, señaló Jef.

“Cuando me cogieron, el policía me puso el dedo en el ojo, sentía que quería reventarme el ojo, me sacudí pero encontró un tubo roto por el que se escapaba agua y me lo puso en la cara y me echó gas pimienta, sentía que me asfixiaba, no podía respirar, pero poco o nada le importaba a ese policía; enseguida llegaron más policías y les ordenó que me golpearan y todos me pegaban con los toletes o me pateaban”, relata Jef.

Jef fue colocado en el medio de dos policías en una moto, y recibía golpes con los cascos desde adelante y desde atrás; “por tanto golpe, sentía que me desmayaba, creía que moría, hasta que por fin llegamos al Regimiento Quito. Ahí estaban muchos estudiantes, todos sin poder respirar y golpeados, sangrando por los golpes, y nos pusieron boca abajo; cerca de la medianoche nos separaron a los mayores y menores  de edad”.

“Toda la noche pasamos en el frío, nos hicieron sentar en el piso sobre charcos de agua”.

Posterior al encarcelamiento la tortura iniciaba nuevamente para Jef, esta vez fue de tipo sicológico, pues comenzó el proceso de la segunda sanción: la expulsión disfrazada de traslado para terminar el bachillerato en otra unidad educativa, algo demasiado duro, cuenta Jef, “pues mi vida estaba en el Mejía y esa expulsión fue el castigo más fuerte que recibí, por ser estudiante de ese colegio”.

“Los quince días de prisión, y luego esa expulsión, me marcaron la vida, porque no soy delincuente ni asesino y porque alcé mi voz me castigaron dos veces”, comenta Jef.

Estos hechos represivos, como forma de sometimiento, señala  la sicóloga y presidenta de INREDH, Beatriz Villareal, ratifican la forma de actuación del actual régimen, que a través de la sanción administrativa y judicial castiga la manifestación de protestar y provoca temor y sumisión de parte de los estudiantes, afectando emocional y económicamente al estudiante y a las familias.

Añade que estas experiencias necesitan de mucho apoyo profesional para que la persona y su familia puedan procesar el hecho como tal y las serias repercusiones que se dan.

En el caso de traslados de colegio o expulsiones, Beatriz señala que es una afectación crucial, pues el colegio se  constituye en un referente, “es un evento  de mucha incidencia para sus vida; y por la edad los chicos miran al colegio con mucho cariño y honor, y trasladarles repercute en su autoestima de pertenencia al colegio que es algo fundamental”.

Fernanda Soliz, sicóloga y docente universitaria, señaló sobre estos casos que “no son casos aislados de tortura, es la violencia sistemática como política de Estado”. Terrorismo de Estado se llamaba en los 70´s ¿ y ahora? ¿qué decir frente a los asesinatos de líderes shuar, a la militarización de territorios, a la persecución, judicialización, violencia, tortura y agresiones sexuales reportadas...? Solo se encuentra oídos sordos y el pobre argumento de las agresiones a policías como justificativo para la negligencia y el incremento de la represión.

Tomado del Quincenario Opción http://periodicopcion.tk/index.php/94-opcion/497-la-tortura-como-politica-de-estado

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