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Reflexiones sobre una decisión ilegal e inconstitucional

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La resolución no sólo puede ser criticada por su falta de motivación sino también por la violación al derecho a la defensa que tendría una persona jurídica en el ordenamiento ecuatoriano.

por Vladimir Andocilla R.

El 21 de julio de 2016 la Unión Nacional de Educadores (UNE) fue notificada por el auto resolutorio suscrito por el Lic. Fernando Alberto Yánez Valarezo, Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se les informa el inicio del proceso de disolución de la persona jurídica.

Este acto administrativo en su parte más importante dice:

QUINTO: De la revisión y análisis del expediente de la UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES, se determinó que dicha Organización Social, presuntamente incumplió con la Codificación y Reforma al Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales Y Ciudadanas, expedido con Decreto Ejecutivo No. 739, de 03 de agosto de 2015, Art 22 numeral 7, que señala: “incumplir con obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas.”

La norma referida en esta Resolución establece:

“Art. 22.- Causales de disolución. Son causales de disolución de las organizaciones sociales constituidas bajo este régimen, las siguientes:

7. Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas; y”

 El Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito cita como causal de disolución de la persona jurídica llamada Unión Nacional de Educadores (UNE) el incumplir con las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y el Reglamento, pero nunca especifica cuáles son los hechos fácticos que configuran esta causal.

Al no establecer el funcionario los hechos fácticos que habría realizado presumiblemente la persona jurídica para configurar las casuales de disolución, se estaría ante una carencia de motivación que afectaría en el momento en que la institución estatal tome las decisiones que el caso amerite.

La motivación como parte del debido proceso

La Constitución de la República del Ecuador en el literal l), numeral 7 del Art. 76 determina que:

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”

En la Sentencia No. 030-15-SEP-CC la Corte Constitucional del Ecuador estableció que:

“… como parte de los derechos de protección, el debido proceso se establezca como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales y que se encuentran desarrolladas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador…

… el derecho al debido proceso establece, del numeral 1al 7 del artículo 76 ibídem, las garantías básicas que le otorgan eficacia, como son: la garantía del cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; la presunción de inocencia; el derecho a no ser sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción; la manera lícita de obtención de las pruebas; el in dubio pro reo; la proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, y el derecho a la defensa.

Dentro del marco del derecho al debido proceso, como una de las garantías del derecho a la defensa, se encuentra el derecho a la motivación en las resoluciones”

Nuestra Constitución establece como elemento del debido proceso la motivación, y la incluso en los procesos administrativos, lo que determinaría que motivar sea un requisito típico de los actos administrativos de los procesos en que se discutan derechos y obligaciones.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.”[1]

Según el máximo organismo de derechos humanos de la región, el deber de motivar es obligatorio para los funcionarios públicos y operadores de justicia en las decisiones que afecten a los derechos humanos, de no ser así podrían ser catalogadas las mismas como arbitrarias.

La resolución no sólo puede ser criticada por su falta de motivación sino también por la violación al derecho a la defensa que tendría una persona jurídica en el ordenamiento ecuatoriano.

El derecho a la defensa de las personas jurídicas

La Constitución no hace distinción entre derechos de las personas naturales y las personas jurídicas. El Código Civil establece en su artículo 564 establece la capacidad de las personas jurídicas para ejercer derechos y contraer obligaciones.

No existe norma interna en nuestra legislación que restringa el derecho a la defensa de las personas jurídicas, por ende son acreedoras de las mismas protecciones que las personas naturales en lo concerniente a las obligaciones de los funcionarios públicos para el cumplimiento del debido proceso.

Como parte de los derechos y garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su jurisprudencia vinculante ha determinado el derecho de toda persona (natural o jurídica) procesada a la comunicación previa y detallada de la acusación. Para el cumplimiento de este parámetro está la descripción material de la conducta imputada, la misma que debe contener los datos fácticos, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia.

Como podemos ver, la resolución notificada por el Lic. Fernando Alberto Yánez Valarezo, Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito carece de enunciación de los hechos fácticos en que habría incurrido la UNE para establecer que se configura los elementos objetivos establecidos en el artículo 22 numeral 7 de la Codificación y Reforma al Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales Y Ciudadanas.

Por lo antes expuestos, el continuar con el proceso iniciado por el Ministerio de Educación contra la organización de los maestros es un ejemplo más de las acciones arbitrarias que el poder gubernamental ha venido haciendo gala en los últimos años.


[1] CorteIDH;  Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008, Párrafo 77

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