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Acusan a la UNE de incitar a la violencia

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La Superintendencia de Comunicación acusa a la UNE de “incitar a la violencia” en en el programa radial de este gremio, porque en él dijeron que tras las acciones de lucha del 2015, en el nuevo año hay que seguir con las protestas.


La Superintendencia de Comunicación convocó a que la UNE y Radio Morena -radioemisora que transmite el programa- acudan a presentar sus alegatos. En esta acción legal la Superintendencia actúa en su doble condición de acusador y juez. Por lo que, como en otros casos, se considera que la sentencia será favorable al acusador.
En una citación cuya prueba es la transcripción de dos intervenciones en las que se habla de continuar con la movilización y de los resultados de las movilizaciones pacíficas, Rosana Palacios, presidenta nacional de la UNE, sostuvo que esa acusación es parte de la arremetida del gobierno contra la libertad de expresión pero que no logrará acallar la voz de los docentes y de los pueblos.
Los abogados de la UNE y Radio Morena insistieron en que el gobierno intenta sacar de contexto las expresiones para encontrar segundas intenciones y provocaciones que inciten a que la gente actúe de manera violenta. Así mismo sostuvieron que la opinión no está censurada en la legislación ecuatoriana.
Esta acusación la realiza el correísmo en el contexto su incumplimiento a la disposición constitucional de entregar el 33% de las frecuencias de radiodifusión a las organizaciones sociales y comunitarias, entre ellas a la UNE, de mantener una fuerte influencia en los medios de comunicación mediante la contratación publicitaria, de tener una amplia mayoría en la propiedad de las televisoras. Todo esto que le garantiza difundir e influenciar grandemente a la población.
El correísmo insistentemente sostiene que “todo por el diálogo, nada por la imposición”, sin embargo se impone ante el conjunto de la sociedad. Los diálogos que realiza en realidad son solo simulacros de tales, pues solo dialoga con sus coidearios, dejando al resto de la sociedad sin posibilidad de expresión. En ese contexto, la población y sus organizaciones se van quedando sin alternativas que les garanticen su derecho a ser escuchados.

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