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Traicionan las ilusiones de los más pobres

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Modernizacin capitalismopor Guido Proaño A.

La búsqueda de justificativos para la aplicación de la denomina ley de herencias ha obligado al Gobierno a decir, con todas sus letras, que el propósito central del socialismo del siglo XXI es la modernización del capitalismo.

Tanto Pabel Muñoz, secretario de Senplades y encargado de coordinar el “Diálogo Nacional”, así como Rafael Correa coinciden en señalar que el propósito de la denominada ley de herencias es poner fin a un “capitalismo patrimonial” –puesto que en el país la enorme mayoría de empresas son de carácter familiar- y ampliar el número de accionistas en ellas, a lo que Correa califica como “democratizar la propiedad”. Uno y otro dicen que “es necesario que el Ecuador avance a un capitalismo moderno, como ocurre en países en donde el capital no está solo en manos familiares sino que se abre al mercado”.

Remarquemos lo dicho: “que el Ecuador avance a un capitalismo moderno”. Para muchos ese tipo de declaraciones no llaman la atención puesto que, desde hace rato, la denominada revolución ciudadana decantó como el proyecto de una facción burguesa interesada en la modernización capitalista del Ecuador. No obstante es necesario dar una opinión al respecto, porque hay un significativo sector de ecuatorianos que aún cree que el correísmo emprende un proyecto revolucionario y socialista y, además, porque los sectores de derecha lo combaten como si –efectivamente- estuviera aplicando un programa de esa naturaleza.

Para dar sustento a su punto de vista, que en esencia se reduce al sofisma de lograr la equidad social modernizando el capitalismo, Muñoz no se cansa de citar al ex vicepresidente del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, quien critica que el 1% más rico del planeta concentra el 48% de la riqueza mundial, realidad que sin duda alguna provoca indignación y repudio. Pero el secretario de la Senplades no se da cuenta o no quiere decir que ese 1% de multimillonarios están concentrados y se  engendraron en países capitalistas altamente desarrollados y modernos, de manera que su argumento no tiene asidero. Con la lógica gubernamental, se podría pensar que mientras más moderno es el capitalismo menor inequidad social existe, pero la realidad muestra todo lo contrario. A medida que se consolidan las relaciones capitalistas se afirman los procesos de concentración y centralización de la propiedad; el capital es explotador en manos “familiares” o repartido en acciones.

La inequidad social no está determinada por los niveles de distribución y aprovechamiento de las riquezas, como sostiene el Gobierno y quiere convencernos; en todo tipo de sociedad, las formas y los márgenes de distribución de las riquezas son la consecuencia o el resultado de cómo están distribuidas las condiciones de producción. Siendo así, el fin de un proceso revolucionario que se reivindique socialista no puede reducirse a “bajar los índices de inequidad” aplicando una o dos leyes que rasguñen unos cuantos dólares a los grandes empresarios y así hablar de redistribución de la riqueza.

La doctrina del socialismo no gira en torno al tema de la distribución de los medios de consumo, está centrada en la aplicación de medidas para socializar la propiedad sobre los medios de producción. Si las condiciones materiales de producción fuesen propiedad colectiva de los propios obreros, esto determinaría, por sí solo, una distribución de los medios de consumo distinta de la actual, señala Carlos Marx.

El Gobierno habla de encontrar mecanismos para “redistribuir la riqueza”, sin embargo durante estos años su gestión económica y política ha permitido que los que ya eran millonarios ahora sean aún más millonarios. Los banqueros, por ejemplo, entre los años 2001 al 2006 tuvieron ganancias por 751,82 millones de dólares, según datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros; pero entre los años 2007 al 2014 sus ganancias ascendieron a 2.295,5 millones de dólares, de acuerdo a datos de la misma institución. Los ingresos brutos de los 15 grupos más grandes del país ascendieron a 62 mil millones de dólares, entre los años 2008 – 2012. Podríamos también hacer referencia a medidas como la amnistía tributaria que se adoptó con dedicatoria para los grandes empresarios deudores del Estado. Mientras tanto para los trabajadores queda la otra cara de la moneda, en el sector público se mantiene congelados los sueldos y salarios y en el sector privado la última elevación fue una verdadera burla; el salario de la dignidad no existe y la canasta básica es inalcanzable para miles de familias ecuatorianas.

Retomemos el punto de “democratizar” las acciones de las actuales grandes empresas del país, puesto que tras ese objetivo podría estar el afán de que los nuevos ricos, surgidos al amparo de la revolución ciudadana, puedan adquirir esas acciones toda vez que ese mecanismo les resulta más viable para hacerse de la propiedad de los medios de producción, antes que intentar competir con nuevas empresas en un mercado pequeño. En todo caso ese es un conflicto que se desarrolla en las altas esferas, es una puja por intereses económicos que se presenta en el ámbito político, en la que uno y otro sector de la clase dominante hace esfuerzos para incorporar a su favor al resto de la sociedad.

Lograr la equidad social alimentando al sistema capitalista –cuya característica es la polarización social- no es una simple ilusión, es una tesis perversamente elaborada para alimentar las ilusiones de los más empobrecidos.

 

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