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Caso Oxy: “Reconocer el laudo arbitral es traicionar a la patria”

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El Presidente de la República en sus twists del 2 de noviembre del 2015 le dice al país: “Llegó laudo OXY. Logramos nulidad de 40% de laudo original, es decir, 700 millones menos, pero nos ordenan pagar cerca de mil

por Stalin Vargas*

Tratan la caducidad por incumplimientos legales, como confiscación. ¡Otro atentado a nuestra soberanía! Ya hemos presentado una propuesta a OXY y con el laudo definitivo continuaremos negociando. ¡Otra obra más de los tratados firmados en la larga y triste noche neoliberal!”.

Lo que no dice el presidente Correa es que los resultados del juicio seguido por la transnacional petrolera Occidental al Estado ecuatoriano, por la declaratoria de caducidad del contrato que mantenía esa empresa con Petroecuador en el año 2.005, son producto de una mala defensa por parte de la Procuraduría General del Estado y la vista gorda del régimen sobre el accionar de Petrobras en los contratos petroleros en el país.

Recordemos que fue justa la lucha de los trabajadores, la juventud y los pueblos del Ecuador la que alcanzó que el 15 de mayo de 2.006, en el gobierno de Alfredo Palacio, se declare la caducidad del contrato con la empresa norteamericana Occidental, por haber transferido el 40% de sus acciones a la empresa Encana (Andes Petroleum) violando el Contrato de Participación y la Ley de Hidrocarburos. La petrolera norteamericana después de dos días nos demandó ante el CIADI, un tribunal del Banco Mundial, encargado de resolver los conflictos entre los Estados y las corporaciones multinacionales.

En esas condiciones el país debía enfrentar esa demanda, desde ese momento tuvimos una mala defensa, empezando por dejar de lado la obligación de contar con el consentimiento escrito del Ecuador para proceder con el arbitraje. El abogado contratado, Alberto Wray Espinoza, señaló que “el Estado ecuatoriano dio su consentimiento para que las controversias derivadas de una inversión extranjera se solucionen en un arbitraje obligatorio”, mientras que públicamente Rafael Correa decía que “aceptar ese arbitraje es traición a la Patria y todos los que reconozcan un arbitraje inexistente, que Ecuador no ha aceptado y no tiene por qué aceptar, serán traidores a la Patria”; luego la Ministra de Defensa, María Fernanda Espinoza, aseguró que “es un proceso legítimo y Ecuador se acoge al sistema de arbitraje”. El Procurador del Estado, mientras tanto, dijo que “el país estaría dispuesto a realizar una ‘compensación’ a la compañía estadounidense Occidental en el caso de que el CIADI, falle en contra del Estado ecuatoriano...”.

A todo esto debemos sumar que la transnacional petrolera nos acusó de trato discriminatorio, ya que el Estado ecuatoriano nada hizo sobre la transferencia de acciones de la petrolera Petrobras. Recordemos que la empresa brasileña ingresó a nuestro país para “operar los bloques petroleros: 31, 18 y el campo Palo Azul, en octubre del año 2002, luego de negociar con la firma argentina Pérez Companc, la compra de sus participaciones. La transferencia se realizó sin autorización ministerial como exigían los Contratos de Participación, y los artículos 74 y 79 de la Ley de Hidrocarburos, vigente a esa época”.

Después de esa transacción, en enero de 2005, Petrobras y la empresa japonesa Teikoku, suscribieron un ‘Acuerdo de Venta y Asociación’ para la transferencia del 40% de participaciones de los contratos en Ecuador, igualmente sin autorización ministerial, y sin que a esa fecha, Petrobras tenga derechos contractuales, toda vez que, el Ministerio de Energía y Minas, aún no autorizaba el cambio de nombre de Pérez Companc por Petrobras.

Faltando cuatro días para que concluya el gobierno de Alfredo Palacio (enero del 2007), se autorizó la transferencia del 40% de Petrobras a Teikoku, a través de un Acuerdo Ministerial. Este instrumento, sin embargo, quedó en suspenso en mayo de 2007, por disposición del Ministro Alberto Acosta y, luego, por la excitativa de caducidad presentada en febrero de 2008 por el procurador del Estado, Javier Garaicoa. 

Todo esto nos lleva a concluir que el discurso de Correa en defensa de nuestra soberanía, de que “aceptar ese arbitraje es traición a la Patria” queda en nada. La defensa jurídica puso acento en disminuir el monto de la indemnización. En medio de esto no se dio paso a la caducidad del contrato con Petrobras, lo cual le facilitó a la petrolera Occidental para acusarnos de trato discriminatorio. Correa y Diego García a voz en cuello gritan “logramos reducir el 40% del laudo arbitral”, pero el Ecuador deberá pagar cerca de 1.600 millones de dólares a la Occidental y todo esto en tiempos de crisis.

 *Stalin Vargas M., ex presidente de la UNE Nacional

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