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En Ecuador, el gobierno le disputa el protagonismo a la sociedad civil

Ecuador
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El sismo que sacudió a Ecuador se cobró la vida de más de 580 personas. Y la cifra va en aumento. La tragedia ha desnudado una carencia del gobierno: su capacidad de respuesta a estos eventos es lenta. La sociedad civil se activó con mayor celeridad. Ahora Correa quiere controlar a la gente y arremete contra toda crítica.

Por:  Stephan Küffner

 Duró menos de un minuto. Pero fue suficiente para acabar con centenares de vidas. A las 18:58 del sábado 16 de abril, un terremoto de magnitud 7.8 dejó grandes partes de la costa ecuatoriana en escombros, sobre todo en el norte de la provincia de Manabí y la zona colindante de la provincia de Esmeraldas. Rescatistas y paramédicos se han dado a la tarea primordial de salvar las vidas de quienes aún, con escasísima probabilidad de supervivencia, podrían estar respirando bajo las ruinas. Y también se ocupan de atender a decenas de miles de damnificados. En esto hay consenso, pero en poco más. Porque lo cierto es que la respuesta al desastre enfrenta a la sociedad y a la comunidad internacional con un gobierno que intenta demostrar una autoridad y capacidad de gestión que se le escapa de las manos.

Mensajes individuales empezaron a inundar las redes sociales -Facebook, Twitter, y Whatsapp- segundos después de que la tierra dejó de temblar. Rápidamente se difundieron estimaciones sobre la intensidad del sismo que se sintió en gran parte del país, al igual que en el sur de Colombia y el norte de Perú. En ese momento las informaciones provinieron del Servicio Geológico de Estados Unidos y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional, la autoridad principal de información sísmica y vulcanología de Ecuador.

A pesar de la hora relativamente temprana, solo hubo silencio por parte de otras instancias oficiales en un país que cuenta con cerca de 40 ministerios. Ni siquiera respondieron de forma inmediata organismos como la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio Coordinador de Seguridad o la Secretaría de Comunicación. La excepción fue una alerta de tsunami prematura que sembró terror y confusión.

Recién 2 horas y 16 minutos después del terremoto, el vicepresidente Jorge Glas (el presidente, Rafael Correa, estaba en Roma) informó en cadena nacional sobre el número de víctimas conocidas hasta ese momento y decretó estado de emergencia para proveer ayuda a las zonas afectadas y de excepción para precautelar el orden interno. Esta tónica de una sociedad que reacciona primero y un gobierno que luego intenta controlar la situación ha continuado, reflejando y ahondando la desconfianza ante el gobierno populista que se tiene en muchos estamentos de la sociedad ecuatoriana.

Ya antes del terremoto muchas de las vías de acceso habían sufrido importantes daños por la época de lluvias. Mientras el gobierno de Correa, autocalificado de “Revolución Ciudadana” del “Socialismo del Siglo XXI”, en sus nueve años ha invertido en la pavimentación y ampliación de cerca de 8.700 kilómetros de vías, Ecuador aún carece de conectividad a prueba de las fuerzas naturales que típicamente afectan a este país del tamaño de Reino Unido. La alta y joven cordillera separa las dos zonas tropicales hacia la costa del Pacífico y la Amazonía, creando una topografía fragmentada y complicada. Lluvias y movimientos telúricos con frecuencia cortan las vías. Al momento del sismo la principal vía entre Quito, la capital y la costa -la Aloag-Santo Domingo- se encontraba una vez más cortada por un grave derrumbe.

Mientras el terremoto destruyó la torre de control del aeropuerto de Manta, ciudad en la parte sur de la zona más afectada, su pista permaneció habilitada, al igual que la de Esmeraldas, en el norte. Esto permitió un acceso aéreo rápido a la ayuda, pero también permitió que se crearan cuellos de botella en algunos lugares. Así, la ayuda llegó rápidamente a Manta, Portoviejo y hasta Pedernales, una ciudad de 40 mil habitantes muy cerca del epicentro del terremoto, cuyo alcalde, Gabriel Alcívar, estimó la destrucción del poblado en 80%. Pero otros lugares tuvieron que esperar 72 horas o más hasta que llegaran los primeros apoyos. La dimensión del desastre sobrepasó ampliamente la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia locales.

Mientras tanto, la sociedad ecuatoriana se movilizó como tal vez nunca antes en su historia para organizar un masivo apoyo a las víctimas. En supermercados empezaron a escasear víveres como agua, atún, y productos de primera necesidad ya que las personas los compraban en masa para llevarlos a los decenas de centros de acopio que surgían en las principales ciudades del país en iglesias, universidades, clubes de fútbol, restaurantes, y galpones como los del ex aeropuerto de Quito, la capital. Un sastre en Tulcán, ciudad andina en la frontera con Colombia, empezó a confeccionar zapatitos para perros luego de que se viralizaran imágenes de perros socorristas heridos por cortes en los escombros.

Centenares de voluntarios respondieron a llamados en las redes sociales para ir a empacar donaciones y distribuirlas en convoy por los poblados más afectados o saliendo en aviones con el apoyo de municipios desde todas partes de Ecuador. Las instituciones subsidiarias, o sea los gobiernos municipales y organizaciones antiguas como la Cruz Roja, cámaras empresariales o sindicatos en conjunto con empresas individuales y nuevas organizaciones que han surgido espontáneamente, han mostrado una capacidad para llevar centenares de toneladas de ayuda más rápidamente que el mismo Estado. Lo mismo han hecho grupos familiares para apoyar a los suyos en Manabí y Esmeraldas.

Al mismo tiempo empezó a llegar apoyo internacional, con equipos de rescate principalmente -en sus inicios- de países vecinos, incluyendo a Venezuela aunque, aparentemente, no de Brasil. Pesa una incógnita sobre la relación con Estados Unidos: el mismo embajador de Ecuador en Washington agradeció el 18 de abril el ofrecimiento de ayuda, pero Correa demoró en aceptarla hasta recibir una llamada personal de su par norteamericano, Barack Obama, un día después para que aceptara la ayuda (en la cumbre climática de París en diciembre, Obama le había negado un saludo a él y al boliviano Evo Morales).

Ignorada por los medios gobiernistas, Alemania aparentemente se saltó las vías diplomáticas para informar al público del apoyo ya presente en la zona del desastre, además de “reprogramar” 1 millón de euros de cooperación a sus pares locales, y ofrecer hasta 500 mil euros adicionales para proyectos “ejecutados por ONG’s alemanas y también por la agencia alemana de cooperación técnica GIZ”, es decir, no por el gobierno ecuatoriano. La cooperación en temas de desarrollo entre Ecuador y la cuarta potencia económica del mundo pende de un hilo desde que hace poco la cancillería ecuatoriana impidiera una visita de diputados alemanes a una zona de la Amazonía controversial por el empeño del gobierno en desarrollar ahí campos petroleros, pese a que los depósitos de crudo están en un parque nacional y que los precios del petróleo se han desplomado.

La capacidad de respuesta del gobierno quedó rebasada. Y este hecho ha disparado fuertes discusiones en medios y en redes sociales. El 20 de abril, luego de que una reportera del periódico local La Hora le señalara una dispersión de información entre las diversas organizaciones del gobierno, Correa le aseguró que estaba errada y que desde el inicio de la crisis se había decidido que la Secretaría de Comunicación informara cada dos horas sobre el terremoto. Sin embargo, recién en ese momento fue cuando esa oficina -con 301 empleados- empezó a emitir tales boletines pero sin un esquema regular de la información típica de estas emergencias, o sea números de fallecidos, heridos, damnificados, rescatados, entre otros.

La Secretaría de Gestión de Riesgos, que, en el afán refundador de la “Revolución Ciudadana” reemplazó a la anterior Dirección Nacional de Defensa Civil, ha emitido boletines desde la noche del terremoto, en intervalos irregulares pero con mayor estructuración. Sin embargo, funcionarios e instituciones como el ministro del interior, José Serrano, y la Fiscalía ocasionalmente han anunciado cifras de fallecidos distintas en el mismo momento. Adicionalmente, rescatistas han advertido que la cantidad de muertos –que ya pasa de 580- podría ser mucho mayor en sitios destruidos como Canoa o Jama.

También ha habido roces entre funcionarios públicos, militares y voluntarios en sus intentos por llevar ayuda. El flujo de personas que querían ayudar o buscar a familiares y amigos causó problemas en las primeras horas de la tragedia. Muchos no tenían la preparación técnica ni psicológica para enfrentar lo que experimentaron, volviéndose una carga adicional, y requiriendo control. Sin embargo, líderes de ONG’s hacen constantes reclamos por estorbos y entorpecimientos a su labor. Hay –además- evidencia fotográfica de que donaciones privadas o municipales están siendo etiquetadas para aparecer como ayuda del gobierno central. De manera que reina la desconfianza.

Un hombre en Portoviejo denunció que había sido golpeado por la escolta presidencial al pedir agua cuando Correa visitó esa ciudad. El 21 de abril, cámaras de televisión captaron al mandatario amenazando a personas que reclamaban ayuda durante su visita a Muisne. “A ver señor,” dijo, levantando la voz, “estamos en emergencia nacional y nadie me pierde la calma, nadie grita, lo mando detenido sea joven, viejo, hombre o mujer. Nadie me empieza a quejarse o llorar por cuestiones que falten a no ser que sean seres queridos que hayan perdido. Ya viene el agua.”

En otra ocasión, durante su recorrido, Correa gritó: “tenemos más de medio millar de muertos, así que no permitiré que nadie me altere el orden público; yo escucho de nuevo gritar a alguien y lo mando a detener, compañeros.”

Dada la magnitud de la hecatombe, el estrés sobre un hombre intentando lidiar con el desastre puede entenderse. Sin embargo, ya en múltiples ocasiones el presidente ecuatoriano ha mandado a detener personas por supuestas o reales malas señas, a pesar de carecer de la autoridad legal para hacerlo. En su visita al Vaticano pocas horas antes del terremoto, definió su visión de la sociedad civil al calificarla como potencial amenaza: “Aquí se ha hablado de la importancia de la sociedad civil en la sociedad, yo les digo: hay que tener mucho cuidado con aquello; depende cómo se define el Estado. Algunas veces cuando me hablan ciertos opositores de que ‘nosotros somos representantes de la sociedad civil’, yo me pregunto ¿representante de quién soy, de los marcianos, entonces, por haber ganado una elección?” dijo según la agencia de noticias gubernamental Andes.

En el caso del terremoto el gobierno ha instalado una especie de gabinete de emergencia para controlar las zonas más afectadas. Correa insiste en que todo está siendo manejado magníficamente bien -recuerda a comentarios similares del presidente George W. Bush, luego del huracán de Katrina de 2005 –, pero no hay evidencia palpable sobre la efectividad de los esfuerzos oficiales. En contraste, está claro que la ayuda privada llegó primero y que la pregunta de fondo sobre cómo enfrentar la situación ahora anima un fuerte debate en las redes sociales, que continúan coordinando ayudas a damnificados de manera descentralizada.

El gobierno creó un hashtag en Twitter #listosysolidarios -que estaba fuera de la lista de los 10 más importantes al mediodía del 22 de abril- para distribuir mensajes sobre el terremoto. Mientras tanto, el ministro de industrias y figura central de la propaganda del correísmo, Vinicio Alvarado, se ha ocupado de evidenciar la molestia del gobierno al escribir en Twitter: “La #OposiciónDeTeletón prefiere la caridad al aporte eficiente, institucionalizado y organizado. La sociedad es más!”. También ha estado muy activo el ejército de trolls (acosadores en redes sociales) al servicio del gobierno en un intenso esfuerzo por amedrentar a quien critique.

Esta identificación populista entre su liderazgo, el pueblo y una supuesta “oposición golpista” al parecer atrae cada vez menos a las mayorías en Ecuador. Según la encuestadora Cedatos, la desaprobación de la gestión de Correa hasta febrero había crecido a 52%, contra una aprobación de 40%, la más baja en sus más de nueve años en el poder.

El terremoto llegó en un momento en el que Ecuador, según los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, enfrenta una severa caída del Producto Interno Bruto que se proyecta en -4,5% para este año y -4,3% para 2017. En décadas anteriores, desastres naturales también vinieron acompañados por crisis económicas. Este terremoto no ha escapado a esa coincidencia. Y podría ser peor: la reactivación del volcán Cotopaxi, al sur de Quito, ya debería haber alertado al gobierno central sobre la necesidad urgente de prepararse para una potencial catástrofe.

Para atender las necesidades económicas fue muy tarde: el gobierno ya gastó la bonanza petrolera de casi una década -incluyendo un fondo de ahorros de la administración anterior- y contrajo miles de millones de dólares en deudas. Acumuló un gasto que supera los 231 mil millones de dólares hasta fines del 2015, según el economista Eduardo Valencia. Esto a pesar de constantes advertencias del sector privado que insistían en que, como Chile o Noruega, el país debía ahorrar. Ahora, más allá de ayuda inmediata y fondos de contingencia del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y otros multilaterales -entre 300 millones y 600 millones de dólares-  Correa se ha visto obligado a anunciar un paquete tributario de emergencia (su estimación inicial del daño, aunque preliminar, ha sido de 3 mil millones de dólares).

Al insistir en su trabajo independiente, muchos voluntarios están emprendiendo una especie de resistencia tácita al gobierno central. Al anunciar un paquete de aumentos de impuestos sin considerar un recorte adicional del presupuesto central, Correa perdió una oportunidad de mostrarse a tono con los tiempos. Más bien se ocupó de defender -una vez más- la compra de un lujoso avión presidencial para tener un centro de comunicación en cualquier sitio. Esas actitudes –en medio de un escenario como el actual- pueden socavar las pretensiones electorales de los candidatos de su vehículo electoral, Alianza PAIS, en las elecciones que están apenas a 10 meses de distancia y en las cuales ha prometido no aspirar nuevamente a la reelección.

Comentarios   

0 #1 María Inés Tulcanaza 23-04-2016 16:37
Creo que está por demás decir que los planes de emergencia no funcionaron,los COEs solo se reactivaron tiempo después dejando ver una desorganización total frente al evento telurico,fácil es de comprobar a través de los desesperados mensajes de auxilo que padían desde los lugares del siniestro,Correa ha demostrado un total desatino en comandar vemos a un hombre fuera de si agrediendo a la población en desastre,solo ha demostrado su miseria humana de un vil oportunista
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